Habría que notar además que la Declaración Conjunta de 1999, más allá de su nulidad absoluta, no se cumplió y fue discontinuada como política inmediatamente después que Di Tella dejó la Cancillería.
En materia de pesca y conservación de los recursos ictícolas, eliminación de la pesca furtiva, etc. los ingleses actuaron unilateralmente.
En materia de hidrocarburos (petróleo y gas) los acuerdos establecían participación Argentina; sin embargo, cuando el Gobierno ¿argentino? anunció en 1992 el plan petrolero llamado «Plan Argentina» que incluía 6 áreas de exploración en la zona en donde se superponen las 200 millas medidas desde la Patagonia y las 200 millas medidas desde las Malvinas, terminó retirándolas por simple solicitud británica.
El el 27 de setiembre de 1995 los cancilleres de ambos países firmaron una «Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental» referida a la exploración y explotación hidrocarburifera de las cuencas sedimentarias marinas de las Malvinas. La declaración definió un «área especial» de cooperación de 21 000 km² de mar, dividida en dos mitades, una de las cuales en la «Zona de Conservación Externa de las Islas Malvinas». Una comisión conjunta llevó adelante la cooperación hasta su última reunión en julio de 2000. El 3 de octubre de 1995 el gobierno británico de las Malvinas licitó para exploración petrolera 44 000 km² de bloques marítimos al Norte y al Sudeste de las islas, presentándose 40 empresas, pero sin dar participación alguna a la Argentina interpretendo que debía concertar sólo en las áreas especiales, por el hecho
de existir "un recurso compartido [por el mar] entre dos Estados".
En aquella oportunidad Argentina y Gran Bretaña habían pactado que nuestro país podría reclamar el 3 por ciento de las regalías en caso de que se encuentre petróleo en la zona. Ante el inicio de las perforaciones la cancillería no presentó una protesta diplomática formal, prefirió emitir una gacetilla de prensa en donde reiteró que la Argentina no aceptaba el pretendido derecho de Gran Bretaña para autorizar actividades petroleras en áreas marítimas que pertenecen a la Argentina.
¿El Gobierno actual sigue considerando válido acuerdos que no se cumplieron?
¿Por qué?
Carlos José Aga
Presidente
FUNDACIÓN "CONSEJO PARA EL PROYECTO ARGENTINO"
Presidente
FUNDACIÓN "CONSEJO PARA EL PROYECTO ARGENTINO"
