Antecedentes LEY GAUCHO RIVERO (1)

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar el más firme y enérgico repudio ante la próxima presencia del buque de guerra tipo destructor T42, HMS Endiburgh (D-97) perteneciente a la Armada Real del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y en los espacios marítimos circundantes; implicando esa presencia un nuevo episodio que atenta contra los derechos soberanos argentinos, vulnera al equilibrio militar del Atlántico Sur y compromete a la paz regional.
Señor presidente:

Es de público conocimiento la política unilateral e ilegal que el Reino Unido aplica en el Atlántico Sur manteniendo, anacrónica y tozudamente, el enclave colonial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
El Reino Unido avanza desde hace más de dos décadas (1989-1990, Acuerdos de Madrid) contra el derecho internacional y, principalmente, contra las resoluciones surgidas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. La resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, insta a las partes en disputa de soberanía (Argentina e Inglaterra) a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales (militares, políticas, económicas, etc.) a la situación mientras no se resuelva el CONFLICTO, mal llamado "diferendo" o "litigio" desde sectores que pretenden negarle una real y profunda dimensión geopolítica y geoestratégica.
Entre los avances unilaterales tenemos al plano bélico. Observamos desde hace tiempo el inicio de nuevos ejercicios militares conjuntos entre la Armada Real, el Ejército Real y la Real Fuerza Área, que nutren una larga casuística. Y que se volvieron mucho mas regulares y frecuentes en los últimos tiempos, en paralelo con las actividades de exploración de yacimientos hidrocarburíferos en la zona. En 2007 se modernizó el material misilístico de la artillería británica, cuyo sistema de defensa de tipo "Rapier" será operativo hasta el 2020, bajo el modo actual. En abril de 2009, las fuerzas usurpadoras condujeron el ejercicio "Cassin Falcon", con fuego antiaéreo y maniobras de campo, incluyendo los cazas Tornado F3 (hoy reemplazados por los modernos Eurotyphoon) y misiles de corto y medio alcance. Los ejercicios de misiles se venían operando desde hacía años, pero a fines de 2008, el Ministerio de Defensa inglés propuso a las autoridades isleño transformarlo en bianuales (abril y octubre) durando 15 días cada uno, para dar mas coordinación y seguimiento a la actividad. En esa misma fecha se entrenó una Compañía Especial de Gurkhas -Pelotón "Tobruk"- durante una semana y en condiciones de supervivencia. Esas fuerzas suelen ser enviadas luego a Afganistán para actuar con la OTAN, lo que transforma a Malvinas -suelo argentino- en campo de entrenamiento de esa organización militar.
A fines de 2009 se realizó el ejercicio conjunto "Cape Bayonet" (1) que incluyó más de quinientos efectivos terrestres (contando con comandos de elite), vehículos, buques y los aviones Typhoon, para recrear un escenario de invasión como el de la guerra de 1982. En 2010, lo cual fue motivo de nuestro repudio (Expte. 7480-D-2010) se destinó a Malvinas el destructor tipo T42 HMS Gloucester D-96, en reemplazo de su par HMS Portland, que partió a otra misión. Por supuesto, todos estos ejercicios se hicieron violando el protocolo de seguridad del Atlántico Sur establecido por el Acuerdo de Madrid II (1990) suscripto entre Londres y Buenos Aires. No sólo Inglaterra se burla de normas internacionales surgidas de organismos multilaterales, sino también de tratados binacionales.
La actual potenciación militar de las Islas es algo que se inserta en una estrategia que viene a confirmar el valor geopolítico y geoestratégico del Atlántico Sur, como posible fuente de recursos naturales no renovables y una base para acceder al territorio antártico y al Pacífico mediante el Pasaje de Drake. El Reino Unido inició una campaña de reclamos territoriales sobre la Isla Ascensión, el islote Hatton-Rockall en el Atlántico Norte (posible fuente de recursos en su subsuelo y disputado por cuatro estados europeos) y en la exploración de petróleo en el Atlántico Sur, alrededor de Malvinas. Eso demuestra su política de presencia en todo el corredor atlántico, que incluye su norte, centro y sur.
También de forma unilateral Londres otorgó licencias a cuatro compañías petroleras: Desire Petroleum, Borders & Southern Petroleum, Rockhopper Exploration y Falkland Oil and Gas Limited (FOGL). Desire y Rockhopper ya comenzaron sus actividades en 2010, con algunos resultados parciales.
En este marco complejo ingresará, en pocas semanas, una nueva nave de guerra de la Armada Real -el destructor T42 HMS Edinburgh (D-97)- en aguas argentinas y en la zona de las Islas del Atlántico Sur que por derecho pertenecen a nuestro país. La misión adjudicada al buque, cuya puesta en valor en los astilleros de Portsmouth costó 17.5 millones de libras esterlinas, es la de "patrullaje de seguridad y protección de los isleños" (2) . El destructor estará operando en la zona del Atlántico Sur y Central durante siete meses.
El buque está armado con un moderno sistema de misiles mar-aire y mar-mar de tipo Sea Dart, con alcance medio, y con instrumentos de última generación. Su capitán, Paul Russell, dijo a la prensa británica que "la tripulación del HMS Edinburgh se ha enfocado en su despliegue hacia el Atlántico Sur, una región de alto perfil político y de gran interés militar conjunto en el cual la Royal Navy ha tenido un efecto continuo y significativo durante muchos años." Y remató con un concepto geopolítico imperialista, expansionista y tradicional británico: "esta es una oportunidad de la Royal Navy para demostrar su impresionante alcance global y su versatilidad". Conocemos bien el poder bélico del complejo militar de Monte Agradable y de Puerto Yegua, los que albergan a unidades navales, aéreas y terrestres de gran capacidad, llegando a más de 1500 efectivos, sumado a los sistemas misilísticos de defensa y hasta un submarino de propulsión nuclear que suele patrullar el área.
La creciente presencia militar británica; usurpadora, prepotente e ilegal que actualiza su nefasta política colonialista, es una amenaza a la soberanía nacional, al equilibrio militar y a la paz regional. Desde nuestra posición actuamos en defensa de esos tres aspectos, como lo hemos hecho al lograr la sanción de la ley 26.659 de nuestra autoría para proteger nuestra soberanía y recursos.
En vista de todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución.