La aplicación de la Ley Gaucho Rivero es para defender nuestros recursos naturales del saqueo que realizan los usurpadores de las Islas Malvinas, así es que sirve como herramienta de defensa de la soberanía nacional.
Cuando se cumple la ley, las comunidades locales son beneficiadas con parte de los 16 millones de dólares que ilegalmente engordan las arcas de los británicos.
El Aida Cara lleva bandera italiana aunque pertenece a un grupo naviero de origen alemán. Sin embargo el 51% del capital es de la P&O (Peninsular & Oriental Steam Navigation Company) socio inglés de la Carnival, mayor operador mundial de cruceros de lujo con sede en Estados Unidos y UK.
Por ello se consideró que el Aida Cara debía respetar las leyes provinciales
Gaucho Rivero y se exigió al agente marítimo Shipping Service un compromiso
escrito y formal de que no recalarían en las Islas Malvinas, cuando realizó su
entrada al país en el puerto de Buenos Aires, el pasado 22 de noviembre.
Ley Gaucho Rivero
Sancionada en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut,
Río Negro y Buenos Aires: “Se prohibe el amarre o abastecimiento de buques de
bandera inglesa o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la
exploración o explotación de recursos naturales; buques militares; en la Cuenca
de Malvinas.”
Este conjunto de leyes provinciales nació en los
puertos que rechazaron y bloquearon una operación petrolera británica en el mar
argentino a principios de 2011. 2 de Abril/2012 - Durante la vigilia de Río Grande, enTierra
del Fuego, el ministro del interior Florencio Randazzo expreso: “La ley Gaucho
Rivero es una herramienta de defensa de la soberanía nacional.”
27 de febrero/2012: Por aplicación de la ley, el
gobierno de Tierra del Fuego prohibió el amarre en el puerto de Ushuaia de los
cruceros de turismo Star Princess y Adonia. Un tercer buque, el Balmoral,
cambió su rumbo.
22 de noviembre/2012 - El agente marítimo del Aida
Cara manifestó por escrito su renuncia a recalar en las Islas Malvinas.
26 de noviembre/2012 - En la apertura del 91 período
de sesiones, del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Mundial,
ante la protesta del Reino Unido, la embajadora Alicia Castro manifestó: "…las legislaciones provinciales que regulan la navegación de
cabotaje entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas tienen
por objeto proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción y
rechazar las ilegítimas actividades de exploración y explotación en la
plataforma continental argentina".
Decreto presidencial 256/2010
Establece que todo buque o artefacto naval que se dirija a las Islas
Malvinas debe ser autorizado por el gobierno nacional. En el caso de los
petroleros de bandera extranjera, necesitan, además, una autorización
excepcional de la Dirección de Puertos y Vías Navegables.
El permiso que confiere el decreto 256/10 no puede contradecir a las leyes provinciales “Gaucho
Rivero”. En aquellos casos en que eso suceda, los funcionarios responsables
estarían incursos en el delito de abuso de autoridad y violación de deberes,
delito que contempla específicamente los actos que violen las constituciones y
leyes provinciales.
Los armadores, capitanes y agentes marítimos que en conocimiento de los
alcances de estas leyes provinciales soliciten el trámite del decreto 256/10
también estarán incurriendo en conducta delictiva con las sanciones
administrativas que les puedan corresponder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario